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La propuesta fue largamente debatida con el apoyo de la mayoría de los legisladores. El proyecto fue aprobado por 49 votos a favor; dos votos en contra y cuatro abstenciones. El tratamiento fue seguido de cerca por referentes de las asociaciones de adultos mayores, en el palco de público de la Cámara de Diputados, quienes posteriormente celebraron la ratificación.
Durante las exposiciones, los legisladores urgieron darles un sustento a los “abuelitos”, que los planes tengan financiación “de donde sea” y prometieron eliminar los cuestionados “censos”. Mientras, otros acusaron a sus pares de llenarse la boca de proyectos sociales con miras a las elecciones municipales del 2020.
La diputada Cristina Villalba (ANR, cartista), titular de la Comisión de Presupuesto, inició el debate al aconsejar rechazar la objeción parcial planteada por el Poder Ejecutivo.
En su argumentación dijo que la modificación legislativa pretende cambiar la condición de pobreza por la extrema vulnerabilidad social e inscripción automática de las personas adultas mayores que hayan cumplido los 65 años de edad.
La propuesta señala que la pensión mensual no será menor a la cuarta parte del salario mínimo, aproximadamente unos G. 528.000 (el sueldo mínimo G. 2.112.562).
También se elimina el censo de entre los requisitos para acceder a la pensión alimentaria.
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