El diputado Colym Soroka (ANR, Añetete) mencionó que el proyecto de desafectación se realizó de forma incorrecta y que el casco de la propiedad cuenta con una fábrica de balanceados, un puesto de bomberos, una escuela y un corral. Afirmó que se trata de una propiedad sumamente productiva.
El diputado Basilio “Bachi” Núñez reconoció que el bloque del cartismo no obró con documentos cuando con sus votos otorgó la media sanción. La posición del sector en aquel momento fue clave para lograr la aprobación.
Por su parte, el diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA), uno de los autores del pedido de expropiación, pidió la ratificación del proyecto y habló de la hipocresía de los poderosos; dijo que no se debe subestimar la problemática de la tierra. Indicó que la empresa Frutika, que está instalada en Itapúa, es un modelo de inversión y de emprendimiento.
Asimismo, solicitó tener cuidado con los “empresarios Lamborghini”, los empresarios que vienen a engañar y a joder al pueblo. Afirmó que la familia Willersinn utiliza 12 kilómetros de extensión en ambas márgenes de la ruta que ha construido el Estado.
Vera Bejarano lamentó que integrantes del Senado, especialmente algunos de sus correligionarios, se hayan comportado como una corporación de abogados de los terratenientes extranjeros.
Los abdistas dividieron sus posturas, ya que por un lado Soroka defendía el rechazo del proyecto y, por el otro, el diputado Freddy D’Ecclesiis (ANR, Añetete), otro de los proyectistas, advertía que si no se atiende la problemática puede venir un estallido social.