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El pedido de suspensión de la medida de fuerza fue planteada por el ministro de Justicia Éber Ovelar, quien alegó lo establecido en la Constitución Nacional y la Ley de la Función Pública, en las que se garantiza el derecho a huelga siempre que no se afecten los “servicios públicos imprescindibles”
La comunicación de esta medida se dio en una reunión tripartita realizada esta mañana, donde algunos de los gremios dijeron estar conformes con dos de los tres puntos de solución planteados por el Gobierno. Uno de los principales, como es la asignación de más presupuesto para el aumento de salarios, bonificaciones y otros beneficios para los agentes penitenciarios es lo que aún no convence a los representantes de los trabajadores.
La amenaza de huelga se da en medio de la declarada “Emergencia Penitenciaria”, que dotó de mayores recursos y flexibilidades en las contrataciones al Gobierno para la construcción de más penitenciarías a nivel país, esto en paralelo a graves hechos de violencia en las cárceles del país, tales como intentos de fuga con toma de rehenes, masacres con decapitaciones y otras atrocidades cometidas por facciones criminales organizadas, como el Primer Comando Capital.
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