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Intendente de Concepción será procesado por desacato
Fecha: 2018-10-11 visita 486
Ante el incumplimiento por parte del Intendente Municipal de Concepción, de lo ordenado por la Jueza Penal de Sentencias, Gloria Mabel Torres, esta remitió todos los antecedentes del amparo constitucional concedido a la periodista Claudia Carolina Fischer al Ministerio Público.
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El intendente municipal de Concepción, Alejandro Tati Urbieta podría ser imputado en las próximas horas por el delito de desacato a una orden judicial. Tal situación se plantea a raíz de que la Jueza Gloria Mabel Torres consideró el incumplimiento de una orden emanada de su Juzgado en el marco de un amparo constitucional.

La magistrada había dado lugar al Amparo de Acceso a la Información Pública, planteado por la periodista Claudia Carolina Fischer y ordenó a Urbieta, mediante una Sentencia Definitiva, la entrega de una serie de documentos solicitados por la comunicadora a la Municipalidad. Los papeles fueron facilitados dentro de un sobre lacrado, pero una vez analizado el contenido, la mujer de prensa recurrió nuevamente ante el Juzgado, denunciando el incumplimiento.

Según argumentó Fischer en su escrito, en vez del Expediente General Nº 1015, que había solicitado, le fue entregado el Expediente General Nº 2096/18, que supuestamente es una reconstitución del 1015. Dicho documento es el del proceso de venta del Puerto Municipal o Puerto Nanawa a la firma T.L.P. S.A.

La magistrada dio la razón a la denunciante y remitió los antecedentes al Ministerio Público, ante la presunta comisión del hecho punible de Desacato a la orden Judicial.

La resolución judicial está basada en la Ley Nº 4711, que castiga el desacato de una orden judicial y en su artículo 1º determina que “El que incumpliere una orden escrita dictada en legal forma por una autoridad judicial competente, será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa. Si el autor cometiere el hecho, mediando apercibimiento escrito y previo de la autoridad judicial correspondiente o fuere un funcionario público, en los términos del Artículo 14, numeral 14 del Código Penal, la pena podrá ser elevada hasta cinco años. En los casos del párrafo anterior o cuando el mismo facilitare o posibilitare la comisión de otros hechos punibles, la pena privativa de la libertad también será de hasta cinco años y no será sustituible por la multa. La autoridad judicial, cuya resolución hubiere sido incumplida informará el hecho al fiscal penal de turno, para que este impulse el procedimiento respectivo bajo el presupuesto de la flagrancia“.

La causa queda a cargo del fiscal de turno Carlomagno Alvarenga, quien debería realizar la imputación de forma inmediata, considerando el presupuesto de flagrancia, lo cual constituye un agravante.

AntecedentesFischer había recurrido ante la magistrada, bajo patrocinio de los abogados Oscar Germán Latorre y José Emilio Latorre, a raíz de que el intendente Urbieta se negó a entregar copias de una serie de documentos, solicitados por la periodista el 3 de julio pasado.

Los documentos pedidos a la Municipalidad, bajo el amparo de la Ley 5282/14, guardan relación con el proceso de venta del Puerto Municipal o Puerto Nanawa y la rendición de cuentas de la comisión “Festejá Concepción” del año 2017.

 


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