El presidente Peña propuso establecer cuáles son las organizaciones que estarían excluidas de la obligación de rendir cuentas. Algunas de ellas serían la asociación de trabajadores, las organizaciones de estudiantes, organizaciones campesinas, partidos y movimientos políticos y las iglesias, siempre que no administren fondos del Estado.
Peña también pidió excluir de la obligación de rendir cuentas a organizaciones internacionales y agencias especializadas internacionales que ayudan y asesoran a las instituciones del Estado o a la sociedad civil, con la misma salvedad de que no administren fondos públicos.
Además, pidió excluir a las ONGs de las sanciones con dinero, pero siguen las posibles sanciones de cancelación o de cierre de actividades. El proyecto fue aprobado con 47 votos a favor, 13 por el rechazo, 2 abstenciones y 18 ausencias.
La media sanción aprobada por el Senado establece para todas las ONGs la obligación de su inscripción en el registro nacional de estas organizaciones; deben llevar documentos sobre sus actividades y registrar el detalle de las mismas. Los diputados mantuvieron este punto del proyecto de ley.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, informó al respecto y mencionó la exclusión de iglesias, organizaciones campesinas, sindicatos y organismos internacionales del alcance de la ley. Además, dijo que se ajustaron las sanciones, eliminando las multas y reduciendo los años de inhabilitación para ejercer cargos públicos en caso de incumplimiento.
Por otro lado, defendió el proceso de debate del proyecto, afirmando que se cumplió el compromiso de no tratarlo «a tambor batiente». Según el presidente Latorre, la iniciativa ha sido discutida durante dos meses y medio en la Cámara de Diputados, quedando solo dos semanas para su tratamiento final antes de que pudiera recibir sanción ficta.
Aseguró que las organizaciones «han sido escuchadas en varias ocasiones» y señaló que personalmente recibió a un grupo de representantes para conocer sus planteamientos.
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