La suscripción de contratos es una práctica habitual en el Estado argentino, donde conviven empleados llamados de “planta permanente” con otros a los que cada fin de año se les renueva su contratación, situación de precariedad en la que pueden permanecer por décadas.
“Va a ser un requisito necesario, pero no suficiente, ya que después, por supuesto, van a definir la renovación o no por los parámetros usuales de si la persona merece la renovación del contrato”, amplió el vocero. Adorni explicó que en esta primera etapa quedarán fuera de la evaluación los trabajadores discapacitados, “ya que los sistemas requieren de adaptación adicional”.
El gobierno del presidente Javier Milei aplica desde que asumió, en diciembre del año pasado, un fuerte ajuste fiscal que ha simbolizado en la política “de la motosierra”. Ello conllevó un achicamiento del Estado, que entre otras cosas se tradujo en la eliminación del Ministerio de la Mujer, la degradación a secretaría del de Educación y la supresión de organismos como el de violencia de género, el de lucha contra la discriminación o el Instituto de Asuntos Indígenas.
Estas decisiones implicaron decenas de miles de despidos, multiplicados además por la decisión gubernamental de frenar las obras públicas. “Ya despedimos a 50.000 empleados públicos y vamos a despedir a 50.000 más”, había anunciado el presidente en junio en un foro empresario. “En materia de contratos vamos a terminar echando 75.000 personas, ya llevamos 25.000″, agregó entonces.
En un informe que brindó ante el Congreso el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el gobierno consignó que hasta junio despidió a 26.600 empleados de la administración nacional y contrató a 2.700. Adorni no brindó detalles sobre cómo se integrarán las comisiones evaluadoras o si habrá instancias de apelación para el caso de los que no superen la prueba, que será online.
“Entiendo que la idoneidad será evaluada en puntos elementales para cumplir las tareas de cada puesto”, dijo el vocero, que precisó que se realizarán “de a 2.000 por día” a partir del 1 de diciembre. “¿Después de 5, 10, 15 y hasta 20 años de trabajo les quieren tomar examen? El examen debería ser para la vocería”, expresó en la red social X el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar.
Fuente: AFP.
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